A LOS
SENADORES Y DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
ESPECIALMENTE A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE CULTURA, CINEMATOGRAFÍA Y
HACIENDA
P r e s e n t
e
Fco. Javier Ortiz Tirado
Kelly, en mi calidad de ciudadano mexicano, de manera pacífica y respetuosa,
invoco el artículo 8 avo. de nuestra Carta Magna relativo al derecho de
petición, a fin de que lean, estudien, tomen en consideración y respondan a
mis Comentarios y Aportaciones
a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el art. 226 de
la ley del Impuesto sobre la Renta y diversos artículos de la Ley y el
Reglamento Federales de Cinematografía, que están proponiendo los
siguientes senadores y senadoras: Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Lilia
Guadalupe Merodio Reza, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett
Díaz, Ernesto Ruffo Appel, Layda Sansores San Román, Alejandro Tello Cristerna,
Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor
Hermosillo y Celada y Ángel Benjamín Robles Montoya.
Envío en forma adjunta una serie de notas
y artículos que he publicado en mi blog http://PoliticOteka.blogspot.com y que exponen críticas
serias y ampliamente documentadas sobre la situación actual de la industria
cinematográfica en México y las irregularidades que se cometen en las instituciones
culturales y cinematográficas que administra el gobierno de México.
A LA COMUNIDAD CINEMATOGRÁFICA:
Colega, si estás de acuerdo con estos planteamientos envía el link y
la presente propuesta a todos o a algunos de los senadores que han propuesto esta
iniciativa que comento, así como a los senadores y diputados que integran las comisiones de cultura, cinematografía y hacienda de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y cuyos nombres aparecen al final de la propuesta.
ALGUNOS DE LOS ERRORES DE LA INICIATIVA DE REFORMA CINEMATOGRÁFICA
ALGUNOS DE LOS ERRORES DE LA INICIATIVA DE REFORMA CINEMATOGRÁFICA
- Elevar a 650 millones los 500 que el Eficine distribuyó durante el sexenio de Calderón, apenas sirve para compensar la inflación.
- Los 500 millones anuales que Eficine distribuyó, se destinaron únicamente a proyectos de largometraje. Ahora, los 650 millones pretenden incluir cortometrajes, series para televisión e Internet; con lo cual se reducirá el presupuesto que se tenía ya logrado para largometrajes. Aquellos formatos deberían contar con un presupuesto adicional que, en el caso de las series para televisión, deberían compartirlo las televisoras y sus anunciantes.
- Los 300 millones para distribución y promoción no deben darse a los distribuidores, sino a los productores para que ellos contraten a las distribuidoras y agencias de publicidad, promoción y relaciones públicas que más convengan a sus proyectos.
FUNDAMENTACIÓN:
La aplicación
del Tratado de Libre Comercio y de las leyes cinematográficas ha demostrado que
quienes más se han beneficiado son los exhibidores, principalmente el duopolio
formado por Cinépolis y Cinemex que controla cerca del 90% del mercado, y las
‘majors’ estadounidenses que junto con Videocine y un par de distribuidoras
más, solapados y amparados por la carencia de adecuadas políticas públicas y la
ineficiencia y corrupción [iii] de las autoridades cinematográficas,
han logrado imponer una participación de mercado del 90% para el cine
norteamericano, otro 3% para el cine del resto del mundo y máximo un 7% en
promedio para el cine mexicano en nuestro propio país.
Los apoyos
otorgados a los productores por parte del Eficine, el Imcine, el Fidecine y el
Foprocine, sin contar los que discrecionalmente han asignado en forma directa
Conaculta y los gobiernos del D.F. y de los estados, han parado en las arcas de
los exhibidores y, en una parte menor, en las de los distribuidores, porque es
sabido que en su gran mayoría los productores no han recuperado su inversión.
Los apoyos que
otorga el Eficine-226, si bien han sido fundamentales para detonar la
producción, no han contribuido, por carencias en su normatividad e
irregularidades en su aplicación, a consolidar suficientes empresas de
producción cinematográfica, con una actividad continua y creciente. Por el
contrario, han empoderado aún más a los contribuyentes aportantes a quienes el
Estado les ha concedido graciosamente la facultad de decidir qué se filma y qué
no. Tal es el caso, por ejemplo, de las empresas Inbursa y Televisa a las que
durante este sexenio el Eficine les autorizó aportar, a las películas que ellos
mismos controlan, en forma directa o a través de sus partes relacionadas, recursos
fiscales por alrededor de 330 millones de pesos. [iv]
La comprensión
que prevalece de la industria cinematográfica y de las funciones que deberían
corresponder a sus tres sectores principales: el de la producción, el de la
distribución y el de la exhibición, ha resultado de una visión distorsionada y
manipuladora de la lógica elemental de los procesos de industrialización y
comercialización. En todo el mundo y en prácticamente todos los giros
mercantiles, el principal responsable de la manufactura o fabricación, y de la
comercialización de su producto, es el productor. De su naturaleza y
experiencia emprendedora surgen las decisiones que llevan su producción al
éxito o al fracaso.
Sin embargo, en
el caso que nos ocupa, siguiéndose una lógica semejante a la que permitió
construir la Ley Televisa, al productor de cine pretende mutilársele de sus
funciones naturales decisivas, trasladándoselas erróneamente al distribuidor y,
lo peor del asunto, es que ahora se pretende otorgar el apoyo para la promoción
al distribuidor, para que así incremente su cuota de poder y fortalezca sus
prácticas de control despótico sobre el productor y que éste no pueda llegar a
competir contra las películas cuyos estudios deciden sus propias estrategias
mercadológicas. Asimismo lo hace Televisa con toda su producción, pues ellos
controlan la distribución y la transmisión, en el caso de los productos
radiales y televisivos, y también lo hacen con el cine. Nada menos, el
principal accionista de Cinemex es miembro del consejo de administración de
Televisa.
La realidad nos
señala que los distribuidores no han mostrado interés ni capacidad para apoyar
e invertir lo que verdaderamente se requiere para promover y comercializar las
películas. Exigen ganar lo mismo, pero invertir mucho menos y recuperarlo antes
que el productor, que es el primero en invertir y el último en recuperar su
inversión. Además, por si fuera poco, los distribuidores en México no comparten
los riesgos, las obligaciones y derechos como lo harían los socios, sino que se
contratan como agentes.
La forma de
corregir esta distorsión, es empoderar al productor, convertirlo en un
verdadero empresario y no en una especie de aventurero que navega, de película
en película, en un mar de incertidumbre y nula estabilidad. Es vital apoyarlo
para que pueda hacerse responsable de su producto desde el principio hasta el
final de la cadena. El apoyo para la promoción y comercialización debe
otorgarse no al distribuidor, sino al productor, para que contrate a las
empresas asesora, publicitaria, de relaciones públicas y de logística de
distribución que más le convengan y le garanticen que su producto va a llegar a
buen puerto.
PROPUESTAS:
1.- 650 millones es poco
apoyo, apenas y compensan la inflación. Si en verdad se quiere apoyar a la
industria, deben pedirse cuando menos 1,080 millones que equivaldrían a un
mínimo de 36 películas apoyadas con un máximo 30 millones cada una.
2.- Si esos 650 ó 1,080
millones son para la producción, en el Comité Ejecutivo no deberían participar
distribuidores ni exhibidores, sino sólo representantes de los diversos
subsectores de la producción, incluyendo una representación sindical no
restringida al STPC (ya que la Ley está viciada de origen), sino que dé cabida
a la participación rotativa de todos los sindicatos. Y en cuanto a la
representación de productores, no restringir la participación a la CANACINE,
sino a todas las asociaciones y grupos representativos de los productores. En todo caso, la participación de exhibidores
y distribuidores en el Comité Ejecutivo podría ser en calidad de asesores, con
voz pero sin voto.
Si los distribuidores y
exhibidores no admiten injerencias de productores en sus negocios, tampoco debe
restringirse y controlarse al productor con la injerencia de los exhibidores y
distribuidores en sus proyectos.
Además, los productores que
absorben el costo publicitario, contribuyen a generar el tráfico de público que
asiste a las salas y, sin embargo, los exhibidores no participan a los
productores del producto de la venta de comida, golosinas, bebidas y otros
productos.
La participación de
distribuidores y exhibidores, por ejemplo en Fidecine, no ha demostrado
eficacia sino todo lo contrario. No han abierto generosamente la puerta a la
distribución y exhibición de los filmes que han aprobado. Tampoco han
demostrado aptitud para pronosticar la viabilidad comercial de las películas,
lo cual es condición sine qua non de Fidecine. En sus diez años de vida, este
fideicomiso sólo ha recuperado alrededor del 11 (once) por ciento de la
inversión que ha hecho en alrededor de 140 películas.
3.- Los 300 millones que la
iniciativa propone destinar para promoción y distribución, deben asignarse a
los sujetos de apoyo productores de las películas, para ejercerlos a través de
la distribuidora y agencias de promoción, publicidad y relaciones públicas que
les convengan, y no al revés, dándole el poder a los distribuidores para
decidir cuáles películas toman y cuáles no.
En todas las ramas de la
producción y manufactura de diversos productos, es el productor o fabricante
quien se encarga de decidir sobre la mercadotecnia de su producto, aunque
contrate asesores y agencias de marketing y publicidad que se pongan a su
servicio. Lo contrario contraviene a la lógica industrial y no desarrolla empresarialmente
al productor.
Además, 2 millones por
película es insuficiente; no hay proporción, pues si los 650 millones alcanzan
para 21 películas de 30 millones, los 300 millones para promoción y distribución
alcanzarían para 150 películas, muchas más de las que se producen al año. En
todo caso, deberían ser 10 a
15 millones para promoción y distribución por película.
Oscuros pero obvios
intereses se han encargado de que prevalezca la idea de que las películas
mexicanas deben costar menos, tanto en su producción como en su
comercialización, para que puedan recuperarse. Eso es una falacia, pues eso
significa nulificar o por lo menos disminuir su capacidad para competir, a
nivel nacional e internacional, contra películas mucho más caras y con más
promoción.
4.- Además, Eficine no debe
seguir desintegrado de los otros fondos. Para el productor sería más
conveniente contar con una ventanilla única para tramitar sus apoyos. Esa
ventanilla única, con presencia a nivel nacional, debe ser administrada por el Imcine, y que incluya a todos los
fondos y apoyos destinados a la producción, y no permitirle a Conaculta ni a
los gobiernos del D.F., ni de los estados, que asignen recursos en forma directa
y sin cumplir las reglas de operación de los fondos. Seguir permitiendo esas facultades discrecionales
es antidemocrático.
5.- En resumen, si se piden
1,080 millones para un mínimo 36 películas anuales de un máximo de 30 millones
que les aporte Eficine, deben pedirse por lo menos 12 millones por película
para la comercialización integral; es decir 432 millones, en vez de 300.
6.- Entre el año 2007 y el
2012, las declinaciones de los contribuyentes y las cancelaciones de proyectos,
dieron como resultado que el Eficine dejara de ejercer más de 150 millones de
pesos que no se acumularon a los ejercicios subsecuentes, según responde la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de información al IFAI
No. 0000600148212 del 10 de septiembre de 2012. Debe legislarse para que las
declinaciones y cancelaciones, se agreguen al fondo del siguiente ejercicio.
7.- Según responde la
Secretaría de Hacienda a la solicitud de información al IFAI con No. 0000600183912
del 15 de octubre de 2012:
El artículo 226 de la LISR o
las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de
Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional emitidas por el Comité
Interinstitucional, no hacen referencia a algún tipo de contrato que deban
celebrar el Eficine-226, los sujetos
de apoyo y los contribuyentes aportantes en los que se estipulen
los derechos y obligaciones de las partes, respecto a los montos y fechas de
entrega de las ministraciones, las obligaciones y derechos en cuanto a las
integraciones publicitarias en la película (placements), a los porcentajes de
repartición de los ingresos que por explotación comercial obtenga la película.
El EFICINE es un estímulo fiscal a proyectos de inversión en
la producción cinematográfica nacional regulado por el artículo 226 de la LISR
que a la letra señala:
… se otorga
un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente
en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal
de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción
cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su
cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.
El beneficio fiscal que se otorga a los contribuyentes
aportantes no constituye la entrega de recurso monetario alguno por parte del
Comité, ya que de conformidad con el artículo 226 de la LISR, dicho Comité está
facultado únicamente para autorizar al contribuyente aportante la posibilidad
de disminuir, de su impuesto sobre la renta, el monto del estímulo fiscal,
equivalente a la aportación realizada al Proyecto de Inversión en la Producción
Cinematográfica Nacional (lo que implica un acreditamiento contra el ISR en sus
pagos provisionales o del ejercicio).
Como
resultado de lo señalado previamente, el Comité no celebra ningún contrato con
los contribuyentes aportantes beneficiarios del estímulo fiscal, por lo que con
fundamento en lo establecido en el artículo 46 de la LFTAIPG se declara la
inexistencia de contratos entre el Comité y los contribuyentes aportantes
beneficiarios del estímulo fiscal”.
Esta
norma no corresponde a la práctica, pues el hecho es que varios de los
contribuyentes aportantes sí exigen a los sujetos de apoyo, mediante pactos o
convenios, determinados beneficios a cambio de la aportación de sus recursos
fiscales. Y, en algunos casos, estas exigencias por parte de los contribuyentes
aportantes llegan al extremo de privar al sujeto de apoyo de tener
participación en la recuperación y capitalización de dicha aportación, en caso
de que la película tenga éxito y obtenga ingresos netos en taquilla o en otras
ventanas.
La
carencia de normativa al respecto facilita el abuso de algunos contribuyentes
aportantes que se han percatado de que muchos productores, con tal de ver
realizada su película, están dispuestos a cederle al contribuyente aportante el
cien por ciento de los beneficios económicos que su participación represente en
el reparto de los ingresos netos que genere la película.
Por ello, sería recomendable
que la Ley establezca la norma de que ningún contribuyente aportante podrá
exigir al sujeto de apoyo más del 50 por ciento de lo que porcentualmente
represente su aportación en el presupuesto final de la película.
El placement se considerará
un beneficio en especie que el contribuyente podrá obtener de la película y se
contabilizará e incluirá como parte de ese porcentaje máximo de retorno para el
contribuyente aportante, que en ningún caso podrá exceder del 50 por ciento.
8.- El presupuesto de 650 ó 1,080 millones de pesos para producción, no debe incluir series para TV ni otro tipo de programas, ni tampoco cortometrajes. Para este tipo de productos es necesario pedir un presupuesto adicional, porque de lo contrario, el apoyo al cine de largometraje se vería mermado y la realización de esos otros productos muy importantes también estaría muy limitada, como limitada y restringida se ha visto la participación de las nuevas generaciones a causa de las reglas y lineamientos operativos de los fondos.
9.- Las sesiones que celebre el Comité Ejecutivo de Eficine, así como las que celebren los comités del Imcine, el Foprocine y el Fidecine, deben estar abiertas a un número determinado de observadores ciudadanos, preferentemente miembros de la comunidad cinematográfica, que garanticen una mayor transparencia a la toma de las decisiones. Con el mismo fundamento que hace exigible a los funcionarios públicos que transparenten sus declaraciones patrimoniales, la contabilidad de los proyectos cinematográficos que se realicen con fondos públicos debe transparentarse, pues el que hoy se permita clasificar como reservada esa información facilita el manejo irregular de los recursos públicos.
8.- El presupuesto de 650 ó 1,080 millones de pesos para producción, no debe incluir series para TV ni otro tipo de programas, ni tampoco cortometrajes. Para este tipo de productos es necesario pedir un presupuesto adicional, porque de lo contrario, el apoyo al cine de largometraje se vería mermado y la realización de esos otros productos muy importantes también estaría muy limitada, como limitada y restringida se ha visto la participación de las nuevas generaciones a causa de las reglas y lineamientos operativos de los fondos.
9.- Las sesiones que celebre el Comité Ejecutivo de Eficine, así como las que celebren los comités del Imcine, el Foprocine y el Fidecine, deben estar abiertas a un número determinado de observadores ciudadanos, preferentemente miembros de la comunidad cinematográfica, que garanticen una mayor transparencia a la toma de las decisiones. Con el mismo fundamento que hace exigible a los funcionarios públicos que transparenten sus declaraciones patrimoniales, la contabilidad de los proyectos cinematográficos que se realicen con fondos públicos debe transparentarse, pues el que hoy se permita clasificar como reservada esa información facilita el manejo irregular de los recursos públicos.
10.-
El inmenso negocio que el duopolio de Cinépolis y Cinemex ha generado en México,
gracias a la protección del Estado, debe ser regulado en orden a lograr un
mejor equilibrio entre los sectores de la industria. Por ejemplo, en Brasil, a
Cinépolis se le exigen tiempos en pantalla y salas exclusivas para la exhibición
del cine brasileño… y aún así, es negocio para esta empresa que gracias al
capital logrado en México, ha emprendido su globalización. Ya es hora de que a los
exhibidores se les regule en orden a permitir la consolidación de un cine
mexicano que tenga la oportunidad de capitalizarse en nuestro territorio, y expandir
su potencial a nivel global, comunicando al mundo nuestro arte, nuestra cultura
y nuestro idioma.
[i] Javier Ortiz Tirado Kelly (Oteka)
es experto en cinematografía y en mercadotecnia, graduado por el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM (CUEC) y con experiencia
laboral de cuarenta años.
[ii] La iniciativa se refiere a la que
propone el grupo de senadores de la República para la LXII Legislatura del
Congreso de la Unión integrado por: Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert,
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel
Bartlett Díaz, Ernesto Ruffo Appel, Layda Sansores San Román, Alejandro Tello
Cristerna, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Fernando Salazar Fernández,
Víctor Hermosillo y Celada y Ángel Benjamín Robles Montoya.
[iii] Algunas de las prácticas de
corrupción y las irregularidades que se cometen en el Imcine y los fideicomisos
que éste instituto administra total o parcialmente, como es el caso de
Foprocine, Fidecine y Eficine, han sido documentadas en el blog
PoliticOteka.blogspot.com.
[iv] Este
dato fue proporcionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su
respuesta a la solicitud de información ante el IFAI con No. 0000600185012
LXII LEGISLATURA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA
SENADORES DE LA INICIATIVA DE REFORMA
CINEMATOGRÁFICA
SEN. JAVIER CORRAL JURADO
SEN MARÍA MARCELA TORRES
PEIMBERT
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ
SEN. ERNESTO RUFFO APPEL
SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN
SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ
SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COMISIÓN DE CULTURA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ
SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN
SEN. VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA
SEN MARÍA MARCELA TORRES
PEIMBERT
COMISIÓN DE RADIO
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA
SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO
SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS
COMISIÓN DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA
SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS
SEN. ARMANDO RÍOS PITER
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO
LXII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA
Dip. Margarita Saldaña Hernández
Dip. Luis Armando Córdova Díaz
Dip. Irma Elizondo Ramírez
Dip. Eligio Cuitláhuac González Farias
Dip. Aurora Denisse Ugalde Alegría
Dip. Raquel Jiménez Cerrillo
Dip. Hugo Jarquín
Dip. Roberto López González
Dip. Bárbara Gabriela Romo Fonseca
Dip. Zuleyma Huidobro González
Dip. Sonia Rincón Chanona
Dip. Claudia Elena Águila Torres
Dip. Alma Jeanny Arroyo Ruíz
Dip. Juana Bonilla Jaime
Dip. Angelina Carreño Mijares
Dip. Frine Soraya Córdova Morán
Dip. Víctor Oswaldo Fuentes Solís
Dip. Blanca Estela Gómez Carmona
Dip. Jorge Herrera Delgado
Dip. Blanca Jiménez Castillo
Dip. Gerardo Francisco Liceaga Arteaga
Dip. José Martín López Cisneros
Dip. María Angélica Magaña Zepeda
Dip. Laura Ximena Martel Cantú
Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz
Dip. Rosa Elia Romero Guzmán
Dip. Hugo Sandoval Martínez
Dip. Luis Alberto Villarreal García
Dip. Martín de Jesús Vásquez Villanueva
Dip. María Beatriz Zavala Peniche
